Niegan permiso sindical a trabajador para atender cita en procuraduría.

En Santa Rosa de Cabal, la empresa de servicios públicos Empocabal, negó permiso a directivos sindicales violando así diversas normas de la constitución y la ley.

Precisamente la semana anterior la procuraduría provincial en el marco de sus funciones preventivas, citó a reunión, a través de su profesional comisionada, Dra. María Elena Villegas, a la Empresa y al sindicato para escuchar a las partes sobre el mencionado contrato. No obstante las directivas de la empresa negaron el permiso a la parte sindical, así se puede corroborar en los documentos que enviaron desde el despacho de la oficina de recursos humanos. El procedimiento además de antidemocrático, tiene como agravante que la gerencia de la empresa use la oficina de recursos humanos para violar derechos de la libre asociación sindical.

Hay además un abuso de quien ejerce un cargo superior para acallar las voces de empleados subordinados que legítimamente contravienen determinadas políticas de la empresa, en este caso el gerente, Dr. Jhon Jairo de Jesús Gómez quien es además abogado, viola el artículo 39 de la constitución sobre el permiso sindical que hace parte del bloque constitucional, lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo en referencia a los permisos sindicales y lo contenido en sentencias de la corte constitucional al respecto como la T- 322 de julio 2 de 1998 que estipula aspectos sobre la limitación o vulneración del derecho de asociación sindical, y la demás jurisprudencia sobre el tema.

No obstante ante las denuncias, e inquietudes de las autoridades por la negación del permiso, finalmente la empresa revocó la “no” autorización y en actuar burlesco concedió permiso el mismo día de la reunión a las 9:12 am, en horario posterior a la cita de la reunión citada por procuraduría.

Hay pues, por un lado, un manejo administrativo “chambón” de la empresa, y por el otro, una política de omisión de las leyes nacionales, que incluyen la administración pública y por ende involucran al alcalde Dr. Henry Arias, en su inicio, por negligencia en el cumplimiento de las normas y las leyes que los cobijan siendo el superior de las empresa que administra el municipio.

Termina así de agudizarse otro ingrediente en el polémico contrato de Empocabal. El caso enloda más a la alcaldía, ubicada por diversos sondeos departamentales como la “peor” administración municipal de Risaralda. Resta por conocer los pronunciamientos de las autoridades; en el caso de la contraloría, diligente, en pleno proceso investigativo, la procuraduría en labores de función preventiva, y en el caso del ministerio del trabajo, en silencio hasta la fecha.

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