Un sistema tributario inequitativo y corrupto.

Es un hecho que el confinamiento obligatorio para enfrentar el virus, desnudó la situación económica de los colombianos, más del 60% vive del rebusque y no dispone de ahorro que le permita solventar necesidades básicas si deja de laborar. La ciudadanía sufre y es ya consciente de los abusos por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos, el sistema de salud y la ausencia de un estado que disponga de recursos y capacidad de atender de manera directa y oportuna sus necesidades. Poseemos una economía dependiente en gran parte de las materias primas de minerales. No tenemos industria y por consiguiente no hay empleos de calidad: Un sistema tributario diseñado para los grandes inversionistas y el sector financiero, de grandes beneficios, y descargando toda la carga tributaria en las clases medias, trabajadores y la pequeña y mediana empresa. Estamos llenos de impuestos indirectos regresivos como el IVA, y contribuciones onerosas e inequitativas en el pago de servicios.

Este modelo de gobierno y tributación se trasladó con los mismos defectos e inobservancia de los principios tributarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico como equidad, eficiencia y progresividad, a las entidades territoriales. Estas verán pronto disminuidos sus ingresos como consecuencia de la profundizada crisis económica. Para el caso de los municipios el impuesto de industria y comercio sufrirá una mengua importante, así como las transferencias que hace el estado central como participación de los ingresos corrientes que obtiene y que a su vez disminuirán producto del crecimiento negativo de la economía. Por lo tanto, las alcaldías echaran mano del impuesto predial, la vieja fórmula, activaran los procesos de actualización catastral, revisión de avalúos y estratificación, y aumentaran las contribuciones de los servicios públicos a estratos 5, 6, comercio e industria.

Por ello se hace necesario exigir a la administración corregir el actual modelo de cobro del impuesto predial, que ha conducido a tener las más altas tarifas del país, lo que generó un aumento exagerado de la cartera, pues la población no gana los recursos suficientes para cumplir su deber de cancelar el impuesto, y también ante la incapacidad de pagar buscan el camino de borrar sus deudas, generando corrupción. Si se revisa en detalle el recaudo anual de este impuesto, encontramos que este oscila entre el 60 y el 65% de la facturación del impuesto anual, lo que demuestra entre otras cosas su inefectividad. El pasado año la Secretaria de Hacienda certificó que la cartera del predial en Pereira a diciembre de 2018, ascendía a $254.781 millones de pesos, no incluye intereses.

La anterior cifra no cuadra con base a estudios realizados del periodo 2015 al 2019. Para el 2019, los demás años se comportan igual, la facturación del predial sin incluir cartera era $171.046 millones, se recaudaron $131.724 millones, discriminados así: vigencia 2019 $96.898 millones, cartera $21.607 millones, intereses $13.219 millones, y otorgaron descuentos por pronto pago $11.640 millones, arrojando un debido cobrar por 2019 de $62.568 millones. Este examen del periodo 2015-2019, arroja que mientras la cartera creció $306.122 millones, solo se abonó a la misma $102.739 millones, o sea la tercera parte, los descuentos por pronto pago no mejoran el recaudo. Situación que rompe el principio de igualdad, pues existen miles de predios construidos pagando como lote, y demuestra la ineficacia del modelo tributario local.

Así el municipio debe aplicar no solo lo establecido por el artículo 53 de la Ley 1739 de 2014, procediendo a prescribir las deudas mayores a 5 años que no fueron recaudadas, tener impuestos progresivos para que el tributo sea igual a la capacidad de pago de los contribuyentes, que más contribuyentes paguen, que haya rebaja del impuesto y dar transparencia al proceso de cobro que según las cifras deja muchas dudas. Más transparencia y eficacia solicitamos.