UNISARC: En tierra de ciegos… (I PARTE)

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA SANTAROSA DE CABAL -UNISARC-, es una institución de educación superior de carácter privado, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional MEN. Formadores en programas de perfil agropecuario, incluso citan al pie de su nombre: “conocida como la universidad rural y agropecuaria de Colombia" Ver. Es de particular conformación, pues pocos registros hay en Colombia de una institución universitaria de la que hagan parte y tengan representación organizaciones como las juntas de acción comunal, los comités y cooperativas de cafeteros.

Allí anidan prácticas que son objeto de investigación. En la actualidad está bajo inspección y vigilancia por el MEN que ha realizado por lo menos cuatro grandes hallazgos. Tras escaramuzas sobre este tema en la prensa local, saltaron una serie de eventos con políticos regionales que llamaron la atención para indagar sobre lo que allí sucede.

Fue de este modo que encontramos, además de los hallazgos del MEN, nepotismo que involucra al hijo de la rectora el Ing. Ricardo Sánchez Villamil, agudas relaciones políticas con políticos del Valle del Cauca, de Caldas, Risaralda y el entorno del expresidente Álvaro Uribe, y represión sindical contra quienes han manifestado inconformidades frente a estos temas. Todo durante el mandato de la rectora Elizabeth Villamil Castañeda, que ha visto el cambio de tres Papas en el vaticano y sigue allí.

El asunto se remonta a quejas que presentaron algunos profesores y empleados a finales del año 2015 por lo que consideraban anomalías que podían afectar la calidad de la educación y los principios democráticos en la institución. A comienzos del 2016 el MEN realizó visitas y ante lo encontrado envía informe con presuntas irregularidades. En enero del 2017 el MEN emite varios auto de apertura de investigación ordenada contra la UNISARC, a la rectora Elizabeth Villamil Castañeda, quien a su vez oficia como representante legal y a las directivas de la institución. Estos por presunta vulneración de normas respecto a programas de extensión brindados en lugares distintos a la sede de la institución, respecto a los registros calificados, presuntas irregularidades con el presupuesto destinado a Bienestar Universitario y por la vinculación de docentes por prestación de servicios.

Varios programas, se estima más de 15, no cumplían a cabalidad los requisitos del Ministerio de Educación Nacional, otros cuyos registros solo están autorizados para programas en la sede de Santa Rosa. El hecho ha venido preocupando no solo a algunos profesores sino a estudiantes que se preguntan si han estado estudiando bajo el riesgo de obtener títulos ‘chimbos’. Frente a esto el decreto 1295 del 2010 estipula en su Artículo 2. -Carencia de registro- “No constituye título de carácter académico de educación superior el que otorgue una institución respecto de un programa que carezca de registro calificado”. La rectora por su parte, insiste que los programas contaban con las directivas ministeriales; luego el mismo decreto derogó ese tipo de directivas entre otras a raíz de varias irregularidades que se presentaron en el país dando pie a la exigencia de los registros calificados. También en informe al Consejo Superior en el mes de agosto de 2015, la rectora referencia los programas de la UNISARC a la fecha, aunque en su cuadro no aparece la columna de vigencia (Cuadro 1). Consultado el cuadro completo del SNIES del MEN, se pudo constatar que siete programas a la fecha tenían su registro calificado vencido (Cuadro 2), hecho de suma gravedad. En este contexto resulta de mayor gravedad lo acontecido en esas fechas con programas sin registro que investiga el MEN, orientados en la llamada “Ecorregión del Eje Cafetero” que incluye a municipios del Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Chocó.

Cuadro 1: Informe al Consejo Superior 05/08/2015.

Cuadro 2: Fuente: www.mineducacion.gov.co. Menú: educación superior – Opción: sistemas de información – Opción: SNIES ícono: consulte programas académicos. (En rojo por equipo de investigación)

Luego en el informe de la universidad a la comisión del MEN, la rectora insiste que no ha ofertado programas que no tengan registro calificado y ratifica las directivas ministeriales que, como informó al Consejo Superior, las otorgó el ministerio, agregando que las directivas no habían sido derogadas (ver imagen 1). Para este caso fue durante el gobierno Uribe, en los oficios de Cecilia María Vélez White. Confrontados los informes, en el hecho para el Ministerio de Educación cuestiona que si las directivas llegaron a ser derogadas, éste no notificó a la UNISARC, por lo que les violó el debido proceso y obvió otros trámites de ley.

Imagen 1:

Por otro lado en el tema del presupuesto para bienestar universitario, la rectoría acepta que no se destinó el 2% del presupuesto para bienestar universitario como estipula la Ley 30 del 92. Y lo justifica con una modificación de normas internas que llevó a cabo la institución en cabeza de la rectora. Luego lo que está claro es que la resolución que modificó este aspecto, de trascendencia para la educación, además de reñir con lo consagrado en la ley, contradice la preocupación de la señora Villamil por los estudiantes vulnerables, aspecto ese sí sobre el que justifica los programas de extensión sin registro calificado. Infiere además la rectoría que la autonomía universitaria, consagrada en la constitución, le otorga el derecho para manifestar al MEN que este no debe interferir en estos aspectos. Aquí es necesario explicar a la rectora que la esencia de la autonomía universitaria, recoge la independencia universitaria de los poderes políticos, religiosos y económicos, para evitar la injerencia del gobierno en las universidades, como la politiquería que en este caso se pasea por la universidad. Debe saber además al citar la autonomía universitaria, que es fruto de los movimientos históricos estudiantiles y de profesores por una universidad al servicio de toda la sociedad, y que en ningún momento este principio contempla evitar que se persigan las corruptelas en las universidades públicas y privadas.

Y frente al tema de la contratación por prestación de servicios -también violatorio de la ley 30 de 1992- hallada por el ministerio en la investigación, responde la rectoría que es parcialmente cierto, ya que esos contratos se hicieron con profesores de tiempo completo que ante las necesidades de la institución se les solicitó asumir carga adicional y se hizo mediante esta modalidad. Lo que le falta especificar a la rectora es que varios de estos contratos fueron para los programas que investigados.

Nepotismo

Por otra parte solicita el MEN a la UNISARC, soportar las competencias del Ing. Ricardo Antonio Sánchez Villamil, hijo de la rectora. Esto frente a impedimentos por haberlo contratado como docente e ingeniero de apoyo. Ante el hecho la rectora ha advertido que se declaró impedida y se apartó de la sesión del Consejo Superior que autorizó la contratación de su hijo. No está claro si con estas medidas deja algo más que los pelos en el alambre de la ley luego si hay una falta de ética ante un escenario académico con sendos principios institucionales, ver. Además, Risaralda tiene una oferta académica amplia en programas de electrónica, incluida la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, por lo que abundan los profesionales en esta materia. No obstante, ninguno de estos fueron criterios que evitaran a la rectora firmar un contrato laboral con su primogénito. Tal es el afán de la madre por resaltar las cualidades del hijo, que en informe al Consejo Superior la rectora Villamil referencia los estudios de maestría del que no ha obtenido título y los explica como “programa terminado con sus asignaturas cursadas y aprobadas”.

La esfera política

La rectora Elizabeth Villamil es conocida en el mundo político Risaraldense por sus inclinaciones políticas hacia el uribismo. Incluso la abogada que lleva casos contra varios docentes sindicalizados es la hija de la exviceministra de Relaciones Laborales y ministra encargada de la cartera de la Protección Social del gobierno Uribe, Luz Estela Arango de Buitrago, su hija es la abogada María Clara Buitrago.

En el abanico de relaciones también aparecen varios políticos del partido de la U quienes recientemente condecoraron a la UNISARC en grado de “Comendador” por su servicio educativo. El acto, que precedió las notas de la prensa local sobre la situación de la universidad y las investigaciones del ministerio, estuvo presidido por el congresista Caldense y entones presidente del senado Mauricio Lizcano. Aparecen en el radar el diputado de Caldas, del grupo de Lizcano, Hugo Fernando Moncada, egresado de UNISARC, y el diputado de Risaralda Juan Carlos Valencia. También figura el nombre de Juan Carlos Rengifo del partido de la U, diputado de Riofrío, Valle del Cauca, egresado de la corporación universitaria quien además ha sido docente y coordinador de grupos de Tecnología en Producción Animal, precisamente uno de los programas bajo la lupa, ver.

Luego la posición de la rectoría al interior de la corporación si bien tiene respaldo mayoritario en la actualidad, no es unánime. El gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, ha dado muestras de no querer que la actual situación de la universidad continúe y sus delegados han considerado la salida de la actual rectora. La contradicción ha llegado a tal punto que la Sra. Villamil buscó abrigo en el grupo de diputados opositores al gobernador, los denominados G7 que son mayoría en la asamblea y le salen a toda bandera que se mueva contra los intereses de la gobernación.

Hasta aquí una rectoría no destacada por su brillantez pero que se ha hegemonizado ante un Consejo Superior y grupo de corporados, que no han visto o no han querido ver actuaciones que ya son objeto de investigación y aire de un repudio que apunta a crecer entre los estudiantes, profesores y la opinión pública. La inclinación de la balanza en el superior está seis a cinco. Veremos ahí miembros de comités y cooperativas de cafeteros con asuntos por explicar, excorporados que del ruido saltaron al silencio sepulcral, nepotismo In crescendo, alcaldía más preocupada por investigaciones en su contra, gremios y organizaciones con politiquería, jueces y fueros, acreditaciones, y el costo a pagar por quienes se atreven a denunciar. Aún hay tela por cortar y cegueras por explicar…