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Colombia es el país de los eufemismos. Al cohecho, que el santismo convirtió en política de Estado, se le llama “mermelada”; a cualquier manifestación de protesta ciudadana, como para satanizarla, “vía de hecho”. Igual pasa con los últimos casos de corrupción que han salpicado por igual a los gobiernos de Santos y Uribe. Aunque “corrupción” es la palabra correcta para designar, por ejemplo, escándalos como el de Odebrecht, el término induce a confusión, toda vez que la gente lo asocia con una simple sumatoria de decisiones individuales por parte de los implicados.

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En este sentido, concuerdo con la tesis de Fernando Cepeda Ulloa que dice que en Colombia no hay corrupción sino crimen organizado para apropiarse de los recursos del Estado. Se trata de un asunto medular, de una práctica que ha sido el común denominador de los gobiernos que hemos tenido que soportar desde el Frente Nacional y que les ha servido para perpetuarse en el poder, pero que durante los mandatos de Uribe y Santos, logró altísimos grados de sofisticación.

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Esta corrupción de altas ligas, por ejemplo, la de la santísima trinidad conformada por Odebrecht, Navelena y grupo Aval, tiene lugar después de más de veinticinco años de neoliberalismo. Esto merece especial atención, pues durante todo este tiempo se dijo hasta el cansancio que el adelgazamiento del Estado y la reducción del gasto público, tendrían como consecuencia natural menos corrupción. Al final, nos quedamos con gobiernos que no logran garantizar derechos fundamentales, con extremadas facultades del ejecutivo y con una corrupción tan desbordada que hoy ocupamos el puesto 126 entre 140 países en el indicador de Ética y Corrupción. Como un contraejemplo contundente, se encuentran los países nórdicos con elevados porcentajes de gasto público y bien ranqueados en los conteos internacionales de transparencia.

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Es sabido que la corrupción tiene múltiples causas. Al respecto, el investigador Alejandro Estévez[1] en el año 2005, realizó un interesante abordaje teórico del tema en el que se señalan las causas más comunes del fenómeno. Estas son variadas y a veces no tan obvias y van desde la concentración de poder y riquezas asociadas a la impunidad, hasta una concepción instrumental de la realidad en donde la “viabilidad técnica” se privilegia por encima de consideraciones ambientales, culturales o sociales que terminan siendo palos en la rueda. Menos evidente es el hecho de que aquellos países cuya renta depende en mayor medida de commodities como Colombia, que tiene en estos una de sus principales apuestas, son más propensos a presentar altos niveles de corrupción.

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A pesar de las diversas interpretaciones que hay sobre el tema, Estévez señala una única causa sobre la que existe consenso. La falta de independencia del poder judicial. Esta, en el caso Navelena Odebrecht, es especialmente notoria  toda vez que el los vínculos del fiscal Néstor Humberto Martínez con varios de los implicados en el escándalo, han sido demostrados hasta la saciedad por el senador Jorge Enrique Robledo quien insiste, con razón, que el fiscal debería declararse impedido para adelantar las investigaciones relacionadas con este caso.

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La gran corrupción en Colombia ya es parte estructural del sistema. Para cambiar esta realidad, los colombianos tendrán que hacer muchas cosas. La primera y más lógica, es relegar del poder a quienes han sido los beneficiarios de esta. Esto es, a los miembros de la tradición liberal-conservadora hoy representados por el Santismo y el Centro Democrático.

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#EstamosMamados.

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​[1] Estévez, Alejandro M. (2005). Reflexiones teóricas sobre la corrupción: sus dimensiones política, económica y social. Revista Venezolana de Gerencia, 10(29), 43-86. Recuperado en 27 de marzo de 2017, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842005000100004&lng=es&tlng=es.

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